LA PAZ, 21 abr (Xinhua) — Pese a la oleada de recursos presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Gobierno de Bolivia aseguró este lunes que las elecciones generales del 17 de agosto se llevarán a cabo sin alteraciones.
El ministro de Justicia boliviano, César Siles, descartó en conferencia de prensa que las acciones legales ante el TCP tengan capacidad jurídica para modificar o suspender el calendario electoral.
Según Siles, los al menos seis recursos constitucionales en trámite, que cuestionan la falta de paridad de género en las candidaturas presidenciales y demandan la inclusión de pueblos indígenas en las elecciones generales, no afectarán al proceso actual, ya que sus efectos serían aplicables únicamente a futuros comicios.
“Toda modificación que haya, que podría darse, tanto del artículo 28 como del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, va a regir para lo venidero. Y lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional en cualquiera de estas dos acciones es, o expulsar y exhortar que se haga una nueva norma, o simplemente exhortar que se haga una nueva norma y se modifique la ley”, manifestó.
En consecuencia, enfatizó que “no hay ninguna posibilidad legal, jurídica ni constitucional de suspender las elecciones”, sentenció el ministro, y ratificó que “bajo el principio de preclusión, el proceso electoral ya está en marcha y no puede ser interrumpido”.
Los recursos fueron presentados por actores diversos: desde el diputado oficialista Israel Huaytari hasta exmagistrados como Gualberto Cusi, pasando por organizaciones indígenas como la CIDOB y la Nación Qhara Qhara. Todos ellos apuntan a cuestionar artículos clave de la Ley de Organizaciones Políticas y su compatibilidad con la Constitución, especialmente en lo referido a participación política y derechos colectivos.
Uno de los puntos más polémicos gira en torno a la exigencia de paridad de género en los binomios presidenciales, es decir si el candidato a la presidencia es varón la candidata a la vicepresidencia debe ser mujer o viceversa.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó que el recurso presentado por Huaytari está “mal planteado”, ya que cuestiona una resolución administrativa que no define requisitos de postulación.
Por su lado, el propio TSE también recurrió al TCP para solicitar una aclaración constitucional sobre la participación de pueblos indígenas en elecciones nacionales. Esta acción revela la tensión entre la normativa vigente y las exigencias de una democracia más inclusiva.
El ministro Siles enfatizó que, incluso si el TCP emitiera fallos favorables a las demandas, éstos no modificarían la actual convocatoria electoral ni detendrían el proceso. Lo más que puede hacer el tribunal, a su juicio, es exhortar a la Asamblea Legislativa a modificar la ley.
Así, mientras el reloj avanza hacia el 17 de agosto, el Gobierno apuesta por blindar el proceso electoral frente a cualquier turbulencia jurídica. Las demandas en curso podrían redefinir el panorama político a mediano plazo, pero por ahora, la maquinaria electoral sigue su curso sin pausas. Fin
