Desde julio de este año, cuando Chile realizó por primera vez la expulsión forzada de cuatro ciudadanos chinos, el Departamento de Migraciones ha emitido nuevas órdenes de deportación contra numerosos chinos que ingresaron ilegalmente al país. Estas medidas han destruido los sueños de dos tipos de inmigrantes ilegales chinos en Chile.
La ola de migración ilegal de ciudadanos chinos hacia Chile comenzó silenciosamente en 2020, durante el estallido de la pandemia global. En ese momento, Chile suspendió la emisión de visas y adelantó el pago de pensiones como parte de las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia. Estas acciones inesperadamente impulsaron varios sectores económicos, convirtiendo a Chile en un “destino dorado” a nivel mundial. Además, algunas empresas, enfrentando escasez de personal debido a la alta demanda, llevaron a muchas personas a arriesgarse a ingresar ilegalmente al país, utilizando Bolivia, un país vecino con acceso sin visa, como punto de tránsito para cruzar hacia Chile.
Sin embargo, con la reforma de la nueva ley de migración en 2021, el ingreso ilegal a Chile se convirtió en un delito penal. A menos que se trate de refugiados provenientes de países en guerra o funcionarios públicos con asilo político, no es posible obtener un permiso de residencia. Como China no es un país en guerra, sus ciudadanos no califican para solicitar residencia por asilo. A pesar de esto, muchos han optado por presentar documentos falsos ante las agencias de refugio en Chile, intentando obtener un permiso de refugiado bajo el pretexto de asilo político.
Al presentar una solicitud de asilo político, independientemente de si cumple con los requisitos, las agencias de refugio suelen emitir un permiso de residencia temporal válido por seis u ocho meses. Sin embargo, posteriormente, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Departamento de Migraciones realizan investigaciones exhaustivas que pueden durar entre uno y dos años, revisando antecedentes y condiciones de ingreso. Muchos ciudadanos chinos que obtuvieron permisos de refugiados temporales en 2022, finalmente fueron identificados como no aptos para la categoría de refugiados tras estas investigaciones, enfrentando consecuencias legales por parte de la policía y las autoridades migratorias. Estas personas no solo fueron deportadas, sino que además se les prohibió reingresar al país por cinco años.
Durante el proceso de investigación de la PDI, también se descubrieron redes delictivas involucradas en facilitar el contrabando humano y la falsificación de documentos. Estas redes incluyen “organizadores”, “coyotes” y mediadores que no solo ayudaron a los inmigrantes ilegales a ingresar al país, sino también a falsificar documentos para obtener el estatus de refugiado.
Por otro lado, existe otro grupo de inmigrantes ilegales que no solicitaron permisos de refugiados. Con el aumento constante de la inmigración ilegal en los últimos años, los factores de inestabilidad en la sociedad chilena han incrementado. En respuesta a la presión pública, el gobierno ha endurecido las medidas contra los inmigrantes ilegales. Aquellos detectados por la PDI como ingresantes ilegales (algunos involucrados en actividades comerciales ilícitas, como las máquinas tragamonedas) son sometidos a un proceso de revisión de un año y deben presentarse periódicamente a las autoridades. Al finalizar la revisión, también enfrentan deportación y la prohibición de reingreso por cinco años.
El Departamento de Asistencia Comunitaria China en Chile, consciente de las graves consecuencias, ha movilizado equipos legales para proteger a algunos ciudadanos chinos en situación irregular. Sin embargo, según estadísticas preliminares, al menos 500 ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente han solicitado permisos de refugiados o enfrentan sanciones legales por su ingreso ilegal. Con el endurecimiento de las políticas migratorias y la creciente presión de las fuerzas de derecha contra los inmigrantes ilegales, más personas podrían enfrentar la deportación forzada en el futuro. Se aconseja a los ciudadanos chinos en esta situación que no busquen soluciones desesperadas sin preparación adecuada, ya que esto podría llevar a pérdidas adicionales. En un marco legal estricto, los recursos legales son limitados y las apelaciones suelen ser infructuosas. Evite pérdidas innecesarias.